La batalla por la corte suprema
En Estados Unidos, la designación de los jueces no es -como en el Perú- solapadamente politica. Es abiertamente, públicamente, y -esto es lo crítico- transparentemente politica.
Los jueces de cada estado en lo civil y en lo penal son elegidos por los ciudadanos en elecciones similares a las elecciones de consejo o de municipio. Lo mismo pasa con los fiscales. Los jueces designados por el gobierno federal, en cortes de apelación que pueden revertir decisiones estatales, son propuestos por el Presidente de la república y confirmados por el Senado. Los jueces de la Corte Suprema, que hace las veces de Corte de Constitucionalidad, son también propuestos por el Presidente para confirmación senatorial.
Cualquiera supondría que un proceso de este tipo produciría un gran caos y un debilitamiento de la autoridad judicial. Sin embargo, una vez confirmados en sus puestos, pocos funcionarios públicos son más poderosos y respetados que los jueces. Por otra parte, la tendencia a la negociación entre los dos partidos y la multiplicidad de puestos en disputa electoral, hace que la polarización sea manejable.
Hace diez años, cuando visité los Estados Unidos por primera vez, visité a un juez en el estado de Maryland, cerca a la capital, para conocer su trabajo. Durante la cena, el juez contó que -en uno de sus recientes casos- había tenido que mediar en una disputa entre un patrón que quería cerrar una fábrica y obreros que querían que permaneciera abierta. Como medida cautelar, durante el tiempo que le tomara decidir el caso, el juez tomó posesión de la fábrica y estaba a cargo de su administración. Para mi, que venia del Peru, el poder de este juez era una sorpresa completa: conocia yo el caso de una fabrica de productos quimicos en la zona de la Avenida Argentina, en Lima, enjuiciada por los vecinos de la zona por contaminacion. Hacia años que los vecinos habian ganado el juicio y la fabrica seguia en actividad.
Otro ejemplo reciente del poder de los jueces es el caso de Guantanamo, donde la Corte Suprema ordeno al gobierno de Bush acabar con el limbo legal en el que estan los prisioneros, determinando si tienen acusacion firme y dandoles un juicio justo a quienes la tengan; el presidente puede reclamar y quejarse, pero lo tiene que hacer. Por contraste, en el Peru, un juez puede ordenar el arresto de un acusado, pero basta que un ministro levante la voz o que la policia simplemente decida en contrario, para que los perpetradores sigan disfrutando de la proteccion de vivir en una villa militar o se internen en una clinica privada luego de sufrir un conveniente soponcio.
El problema en los EEUU es que -hace décadas- factores como la migración de la clase media hacia los suburbios, la destrucción de la clase obrera industrial y la conservadurización de sus restos, la emergencia de la derecha religiosa, han puesto el conjunto del sistema político americano en crisis. La composición del congreso nacional y de los congresos estatales se ha vuelto más difícil de cambiar porque -con el tiempo- los distritos electorales se han hecho más homogéneos y cada distrito tiende a elegir siempre a alguien del mismo partido. Más aún, los distritos se han fijado con el objetivo de una cierta predecibilidad, de modo que en la mayoría de distritos no hay competencia real.
En una situación como esta, en la que ambos partidos tienen bases seguras y sólo unas cuantas donde realmente compiten, el estímulo para cada partido no es ya la búsqueda del consenso o del acuerdo, sino la búsqueda de la pose radical que apela a la base más activa y comprometida. Los políticos americanos se parecen cada vez menos a los del resto del mundo, que prometen de todo, de acuerdo a la base que visitan. Como se pudo ver en la reciente campaña electoral, da más réditos prometer una sóla cosa, consistentemente extremista, para mantener a las bases movilizadas, en lugar de tener una plataforma amplia y vaga.
Recuérdese además que en EEUU el voto es voluntario, por lo que -por definición- votan los que están interesados; aquéllos que sienten que en realidad hay algo importante en juego, los politizados, que son -a su vez- los que encuentran más fácil confiar en un político como el Sr. Bush, de ideas escasas, pero fijas.
En esta situación, de pronto, la jueza Sandra O'Connor, integrante de la Corte Suprema, ha anunciado su retiro, abriendo la posibilidad para que el Presidente Bush proponga un nombre para confirmación senatorial. Lo crítico de la situación reside en que la jueza O'Connor es una centrista, cuya posición ha sido arbitral entre los cuatro jueces conservadores y los cuatro jueces liberales de la Corte. En ocasiones -como en la consideración del derecho a un aborto libre y seguro- ha votado con los liberales. En otras -como en la cuestión de la pena de muerte- ha votado con los conservadores.
Si Bush la reemplaza con un juez o una jueza de carácter decididamente conservador, habrá alterado las matemáticas de la Corte por bastante tiempo, puesto que los jueces de la Corte Suprema son irremovibles, excepto por propia voluntad.
Como el presidente de la Corte, el juez Rehnquist, tiene cáncer de tiroides, se había especulado que sería su retiro el que llevaría a la primera modificación de la Corte desde George Bush padre. Pero el juez Rehnquist es un conservador, de todas formas, y su cambio por otro conservador no hubiera cambiado las cosas.
En el Perú sabemos del enorme poder de las cortes constitucionales, aunque es todavía un tema que provoca confusión. Para comenzar, acostumbrados a un concepto de democracia de acuerdo al cual la democracia es el poder de la mayoría para hcer trizas a la minoría, nos parece extrañísimo que el sistema incorpore un mecanismo que puede revisar las decisiones del legislativo o del ejecutivo. En EEUU, los republicanos radicales están molestos con estos nueve jueces cuyo rol es ponerle frenos a la mayoría y creen que ya es hora de tener una Corte Suprema que refleje la realidad política del país, cueste lo que cueste.
¿Cómo es posible, se preguntan, que los jueces hayan concedido el derecho al aborto libre y seguro? ¿En qué parte de la constitución está escrito ese derecho? ¿Cómo es posible que corten los poderes del presidente y le obliguen a darle un juicio justo a los "terroristas" presos en Guantánamo? ¿Cómo se atreven a prohibir que los niños de las escuelas públicas recen al comenzar el día escolar? ¿Cómo permiten la circulación de pornografía? ¿Desde cuándo la libre expresión incluye a "Hustler"?
Un juez literalista, que lea la constitución tal como fue escrita hace 200 años y que la interprete de acuerdo a lo que sus autores deben haber pensado al momento de escribirla, probablemente reflejaría bien las opiniones del votante promedio del sr. Bush. Sin embargo, una corte suprema de 5 literalistas u otra variante de conservadores, sería tremendamente divisiva en un país extremadamente heterogéneo, donde las libertades cívicas que se encuentran en el actual entendimiento constitucional están muy bien asentadas.
¿Tendrán las mujeres que volver a recurrir a las clínicas clandestinas para tener un aborto prohibido? ¿Tendrán los editores que censurar los libros que reciben para sacar lo que pudiera parecer obsceno? ¿Tendrá la gente que preocuparse de si lo que hace en la cama es legal? ¿Tendrán los trabajadores que defender la constitucionalidad del salario mínimo? ¿Tendrán los ilegales que preguntarse si pueden llevar a sus hijos al hospital sin temor a que llegue la "Migra"?
Eso es lo que se juega en los próxmos meses, cuando el Presidente Bush presente a un candidato ante el Senado. Nos ocuparemos de eso muy pronto.
Los jueces de cada estado en lo civil y en lo penal son elegidos por los ciudadanos en elecciones similares a las elecciones de consejo o de municipio. Lo mismo pasa con los fiscales. Los jueces designados por el gobierno federal, en cortes de apelación que pueden revertir decisiones estatales, son propuestos por el Presidente de la república y confirmados por el Senado. Los jueces de la Corte Suprema, que hace las veces de Corte de Constitucionalidad, son también propuestos por el Presidente para confirmación senatorial.
Cualquiera supondría que un proceso de este tipo produciría un gran caos y un debilitamiento de la autoridad judicial. Sin embargo, una vez confirmados en sus puestos, pocos funcionarios públicos son más poderosos y respetados que los jueces. Por otra parte, la tendencia a la negociación entre los dos partidos y la multiplicidad de puestos en disputa electoral, hace que la polarización sea manejable.
Hace diez años, cuando visité los Estados Unidos por primera vez, visité a un juez en el estado de Maryland, cerca a la capital, para conocer su trabajo. Durante la cena, el juez contó que -en uno de sus recientes casos- había tenido que mediar en una disputa entre un patrón que quería cerrar una fábrica y obreros que querían que permaneciera abierta. Como medida cautelar, durante el tiempo que le tomara decidir el caso, el juez tomó posesión de la fábrica y estaba a cargo de su administración. Para mi, que venia del Peru, el poder de este juez era una sorpresa completa: conocia yo el caso de una fabrica de productos quimicos en la zona de la Avenida Argentina, en Lima, enjuiciada por los vecinos de la zona por contaminacion. Hacia años que los vecinos habian ganado el juicio y la fabrica seguia en actividad.
Otro ejemplo reciente del poder de los jueces es el caso de Guantanamo, donde la Corte Suprema ordeno al gobierno de Bush acabar con el limbo legal en el que estan los prisioneros, determinando si tienen acusacion firme y dandoles un juicio justo a quienes la tengan; el presidente puede reclamar y quejarse, pero lo tiene que hacer. Por contraste, en el Peru, un juez puede ordenar el arresto de un acusado, pero basta que un ministro levante la voz o que la policia simplemente decida en contrario, para que los perpetradores sigan disfrutando de la proteccion de vivir en una villa militar o se internen en una clinica privada luego de sufrir un conveniente soponcio.
El problema en los EEUU es que -hace décadas- factores como la migración de la clase media hacia los suburbios, la destrucción de la clase obrera industrial y la conservadurización de sus restos, la emergencia de la derecha religiosa, han puesto el conjunto del sistema político americano en crisis. La composición del congreso nacional y de los congresos estatales se ha vuelto más difícil de cambiar porque -con el tiempo- los distritos electorales se han hecho más homogéneos y cada distrito tiende a elegir siempre a alguien del mismo partido. Más aún, los distritos se han fijado con el objetivo de una cierta predecibilidad, de modo que en la mayoría de distritos no hay competencia real.
En una situación como esta, en la que ambos partidos tienen bases seguras y sólo unas cuantas donde realmente compiten, el estímulo para cada partido no es ya la búsqueda del consenso o del acuerdo, sino la búsqueda de la pose radical que apela a la base más activa y comprometida. Los políticos americanos se parecen cada vez menos a los del resto del mundo, que prometen de todo, de acuerdo a la base que visitan. Como se pudo ver en la reciente campaña electoral, da más réditos prometer una sóla cosa, consistentemente extremista, para mantener a las bases movilizadas, en lugar de tener una plataforma amplia y vaga.
Recuérdese además que en EEUU el voto es voluntario, por lo que -por definición- votan los que están interesados; aquéllos que sienten que en realidad hay algo importante en juego, los politizados, que son -a su vez- los que encuentran más fácil confiar en un político como el Sr. Bush, de ideas escasas, pero fijas.
En esta situación, de pronto, la jueza Sandra O'Connor, integrante de la Corte Suprema, ha anunciado su retiro, abriendo la posibilidad para que el Presidente Bush proponga un nombre para confirmación senatorial. Lo crítico de la situación reside en que la jueza O'Connor es una centrista, cuya posición ha sido arbitral entre los cuatro jueces conservadores y los cuatro jueces liberales de la Corte. En ocasiones -como en la consideración del derecho a un aborto libre y seguro- ha votado con los liberales. En otras -como en la cuestión de la pena de muerte- ha votado con los conservadores.
Si Bush la reemplaza con un juez o una jueza de carácter decididamente conservador, habrá alterado las matemáticas de la Corte por bastante tiempo, puesto que los jueces de la Corte Suprema son irremovibles, excepto por propia voluntad.
Como el presidente de la Corte, el juez Rehnquist, tiene cáncer de tiroides, se había especulado que sería su retiro el que llevaría a la primera modificación de la Corte desde George Bush padre. Pero el juez Rehnquist es un conservador, de todas formas, y su cambio por otro conservador no hubiera cambiado las cosas.
En el Perú sabemos del enorme poder de las cortes constitucionales, aunque es todavía un tema que provoca confusión. Para comenzar, acostumbrados a un concepto de democracia de acuerdo al cual la democracia es el poder de la mayoría para hcer trizas a la minoría, nos parece extrañísimo que el sistema incorpore un mecanismo que puede revisar las decisiones del legislativo o del ejecutivo. En EEUU, los republicanos radicales están molestos con estos nueve jueces cuyo rol es ponerle frenos a la mayoría y creen que ya es hora de tener una Corte Suprema que refleje la realidad política del país, cueste lo que cueste.
¿Cómo es posible, se preguntan, que los jueces hayan concedido el derecho al aborto libre y seguro? ¿En qué parte de la constitución está escrito ese derecho? ¿Cómo es posible que corten los poderes del presidente y le obliguen a darle un juicio justo a los "terroristas" presos en Guantánamo? ¿Cómo se atreven a prohibir que los niños de las escuelas públicas recen al comenzar el día escolar? ¿Cómo permiten la circulación de pornografía? ¿Desde cuándo la libre expresión incluye a "Hustler"?
Un juez literalista, que lea la constitución tal como fue escrita hace 200 años y que la interprete de acuerdo a lo que sus autores deben haber pensado al momento de escribirla, probablemente reflejaría bien las opiniones del votante promedio del sr. Bush. Sin embargo, una corte suprema de 5 literalistas u otra variante de conservadores, sería tremendamente divisiva en un país extremadamente heterogéneo, donde las libertades cívicas que se encuentran en el actual entendimiento constitucional están muy bien asentadas.
¿Tendrán las mujeres que volver a recurrir a las clínicas clandestinas para tener un aborto prohibido? ¿Tendrán los editores que censurar los libros que reciben para sacar lo que pudiera parecer obsceno? ¿Tendrá la gente que preocuparse de si lo que hace en la cama es legal? ¿Tendrán los trabajadores que defender la constitucionalidad del salario mínimo? ¿Tendrán los ilegales que preguntarse si pueden llevar a sus hijos al hospital sin temor a que llegue la "Migra"?
Eso es lo que se juega en los próxmos meses, cuando el Presidente Bush presente a un candidato ante el Senado. Nos ocuparemos de eso muy pronto.
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